De los 23,4 billones de pesos netos de recaudo que espera el Gobierno con el proyecto de ley de Solidaridad Sostenible que entró al Congreso para su estudio y votación, que recibió mensaje de urgencia, el Ministerio de Hacienda prevé destinar cada año 7,2 billones de pesos en nuevas ayudas sociales, planes de fomento al empleo y subsidio de la educación superior para estudiantes en situación de vulnerabilidad.
De este valor, que es adicional a los programas de transferencias no condicionadas ya existentes como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y el Programa del Adulto Mayor, casi el 64 por ciento (4,6 billones de pesos) está pensado para volver permanente el Ingreso Solidario, de tal forma que se constituya en una renta básica con alcance para el 38 por ciento de la población del país, cerca de 19 millones de personas, distribuidas en 4,7 millones de hogares.
De este número de personas hay un primer grupo de 5,3 millones que hoy viven en condición de pobreza extrema (grupo A) y 13,5 millones de habitantes en situación de pobreza monetaria.
De hecho, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que la realidad de la gente que sigue en situación de vulnerabilidad, más los demás que han entrado en dificultades, llevó al Gobierno a plantear en el proyecto una adición presupuestal para 2021 de 11,7 billones de pesos para volver permanente el Ingreso Solidario desde este mismo año, para extender el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) hasta junio –con el que se subsidian las nóminas de empresas en dificultades–.
Además, otros 1,8 billones anuales están previstos para realizar las devoluciones del IVA de 50.000 pesos a los hogares más pobres y otros 800.000 millones de pesos para la promoción del empleo (subsidiar la seguridad social de nuevos empleados como jóvenes, mujeres mayores de 40 años en desempleo y personas sin pensión que ya pasaron la edad de jubilación), subsidios a matrículas universitarias de población vulnerable y promoción de la cultura.
Según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con estos 4,6 billones de pesos del Ingreso Solidario más las otras ayudas existentes y la devolución del IVA, las transferencias totales del grupo de población en pobreza extrema subirán 2,4 veces con respecto a las que recibían antes de la pandemia del covid-19; mientras que para los 13 millones de personas en pobreza monetaria, estos recursos suben 1,9 veces frente a lo que les llegaba antes de la crisis sanitaria.
Para el año 2021, el proyecto de reforma propone girar un monto de referencia mensual, que suma las transferencias del DPS, los subsidios de energía y gas y el Ingreso Solidario, según el número de personas del hogar. Por ejemplo, en 2021 un hogar unipersonal recibiría 80.000 pesos si está en pobreza o pobreza extrema; si tiene tres miembros, se le girarían cada mes 183.050 pesos si está en pobreza extrema y 126.071 pesos si está en pobreza, y si en dicho hogar habitan 6 personas, el valor mensual que recibirían sería de 366.101 pesos si está en pobreza extrema y 252.142 pesos mensuales. Estos valores se actualizarán cada año con la inflación de estratos bajos que certifique el Dane.
Asimismo, el proyecto contempla para las personas, naturales o jurídicas, que reporten información falsa que sus hogares sean excluidos del Ingreso Solidario durante 10 años.
De lograrse poner en marcha las ayudas sociales previstas en el proyecto, se calcula una reducción de 5,8 puntos porcentuales en la incidencia de la pobreza extrema, una reducción de 2,8 puntos porcentuales en la incidencia de la pobreza monetaria y un descenso en la desigualdad equivalente a siete veces el promedio observado de descenso en la década previa a la llegada de la pandemia del covid-19.
Fuente: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/reforma-tributaria-en-colombia-impacto-en-ayudas-sociales-y-subsidios-581719
